¿Tarde para Eldorado?

Me ha escrito Enrique Uribe Botero pidiéndome corregir una referencia hecha por mí en un artículo sobre Eldorado, publicado en Esfera Pública:
“Le sugiero aclarar que la demolición del famoso Claustro de Santo Domingo no se debe atribuir a la turba incendiaria del 9 de abril sino al Presidente Eduardo Santos, quien subió al poder diez años antes, en 1938. Cuando se demolió el Claustro los arquitectos de la época nada dijeron, por una razón muy elemental: la arquitectura apenas había comenzado a enseñarse en Colombia en la Universidad Nacional, en 1936. Por eso, siempre que se hable del claustro, el nombre y apellido de Eduardo Santos deberían recordarse a continuación. También se debe aclarar que así como Eldorado se demolerá argumentando la modernización del aeropuerto, el Claustro de Santo Domingo también se demolió argumentando la modernización del centro. Y llevamos sesenta años llorándolo. La diferencia está en que ahora no se le puede poner nombre y apellido al demoledor, pero sí el nombre sin apellido de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pues es ella al fin y al cabo la encargada de movilizar al gremio y las facultades, así como vigilar porque las entidades públicas que no cumplen bien su función, lo hagan. De manera que cuando se recuerde en el futuro la demolición de Eldorado, en el lamentable caso que su campaña no dé resultado, la demolición deberá estar asociada con la SCA.”
Agradezco la precisión, me adhiero a la denuncia de Uribe por la responsabilidad de la SCA, y aprovecho el nuevo formato de publicación directa en Esfera Pública para ampliar el rango de responsabilidades al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y algunas universidades de Bogotá. Además, para dejar una pregunta abierta, a ver si alguien con conocimiento de causa pudiera ofrecernos una mejor respuesta para lo que parecería ser una anarquía urbana tan absurda como indignante.
Me recuerda el director del IDPC que los aeropuertos nacionales no pertenecen al país sino a la Aerocivil, tal como las embajadas son unidades urbanas autónomas que pertenecen a los países. Por este motivo, parecería que las normas de la ciudad no aplican sobre sus predios y edificios, lo cual implicaría que cada aeropuerto, así como cada embajada, es una especie de vaticano sobre el cual nadie tiene jurisdicción cuando de licencias se trata, sean para construir, ampliar, remodelar o tumbar.
La autonomía no puede llegar a imposibilitar la declaración de un bien como de interés cultural. Este eventual anarquismo disfrazado de independencia podría permitir al dueño del bien no cumplir con la “sugerencia”, ya que no podría ser una “norma”, pero no exime al encargado de la declaratoria de ejecutarla. El problema es que nunca hubo tal declaratoria, tal como no la hubo en el caso del conjunto de vivienda Robin Hood Gardens en Londres, y por lo cual la institución English Heritage, el equivalente al IDPC ha salido a sostener que el polémico conjunto de vivienda de la misma época de Eldorado no está en la Lista (not listed) porque a ellos, -o a ella, la institución- no les parece que la merezca. Dado que acá no hemos tenido ninguna versión oficial, podemos aprovechar que aún si ésta ha sido silenciosamente negativa, todavía se puede cambiar.
De cualquier modo, si el edificio se demuele no sería culpa de la Aeronáutica o del Ministerio sino “nuestra”, con lo cual me refiero al gremio de los arquitectos y a las instituciones que “nos” representan. Aparte de lo que las embajadas y la Aerocivil puedan hacer o no hacer con sus propiedades, es claro que no hay declaratoria de conservación porque ni la SCA, ni el IDPC, en primer lugar; y luego las universidades, en segundo lugar, hicieron lo que les correspondía. Antes de abrir el concurso, la SCA debió cerciorarse de la existencia de la Declaratoria y no lo hicieron; esto a su vez, debió haber quemado un fusible en el IDPC, institución que debió haber llamado la atención de la SCA, para que, en conjunto, lograran la declaratoria; pero tampoco. Entonces las universidades debieron abrir los ojos y producir los comunicados respectivos; y tampoco. Si la línea sigue bajando, le corresponde primero a los arquitectos individuales y luego al público en general, salir a suplir las deficiencias institucionales, de modo que así sean sin la declaratoria no se renuncie a la conservación del edificio.
Del modo como lo proponen quienes insisten que si algún día se logra paz en Colombia no será por cuenta de la balas buenas que derrotan a las balas malas, la equivalencia arquitectónica debe recurrir al diálogo y la negociación. Habría entonces que partir de reconocer por lo menos dos aspectos: la pertinencia de conservar el edificio y la conciencia de que si las cosas hicieron incorrectamente en el pasado, todavía es posible enmendar el error.
Si la SCA reclama que la institución siempre consideró que el aeropuerto debía conservarse, que así manejaron el concurso y que así lo siguieron pensando cuando se pasó del proyecto de Javier Vera al de Opaín, los explica pero no los justifica; y menos protege el edificio. La defensa del IDPC se centra en una eventual imposibilidad jurídica que no exime a la institución de aclarar públicamente una posición, y eventualmente de cambiarla. Por el lado de las universidades, el silencio ha sido la regla: en la Nacional y la Javeriana hay posgrados con especialistas en el tema que han pasado en blanco. De no haberlo hecho, la declaratoria por lo menos se habría pedido y podrían estar demostrando que en lugar de agachados pasaron inadvertidos.
En los Andes me imagino que dirán que eso no tiene que ver con ellos por cuanto allá el tema patrimonial ni es parte del Plan Curricular, ni del Plan de Desarrollo Institucional; y puede que tengan razón. Por lo cual, y para el caso, los Andes es una institución insignificante. Pero ni la SCA, ni el IDPC, ni la Nacional, ni la Javeriana, lo son; y tienen una responsabilidad cultural que hasta ahora han eludido.
Antes de que estas cuatro instituciones acepten algo así como una culpa, sería preferible que acepten una responsabilidad, a partir de la cual se vinculen al proyecto de conservación del edificio. Hay nuevas directivas de reciente elección en la SCA, las cuales, en lugar de asumir todo el maleficio futuro de la eventual incompetencia del gremio, como lo sugiere Uribe, podrían aprovechar para corregir el rumbo y liderar un proceso de negociación .
Insisto: no es tiempo para una declaratoria, precisamente porque la ley está del otro lado. Opaín ya tiene un contrato para la demolición, y la Aerocivil una cláusula para multarlo por incumplimiento. Si bien el tiempo para la declaratoria ya pasó, para la negociación, si hay voluntad, apenas empieza.

Juan Luis Rodríguez



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